Costa Rica ha ratificado una serie de instrumentos que buscan eliminar cualquier forma de discriminación en diferentes ámbitos. Particularmente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, a partir de ahora CEDAW, hace una propuesta de diversas acciones, en donde, en forma específica en el Artículo 10 señala para el ámbito de la educación, la necesidad de asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, lo cual promueve la adaptación de libros, programas y metodologías de enseñanza que eliminen todo concepto estereotipado de aquello que se considera masculino o femenino.

Por su parte, a nivel nacional, la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 2018-2030, dentro del Eje 1, Cultura de los derechos para la igualdad, propone como uno de los resultados que se deben alcanzar para el 2030 lo siguiente: «Más instituciones públicas, municipalidades, empresas privadas y organizaciones sociales ponen en práctica iniciativas, acciones afirmativas u otras estrategias, orientadas hacia la eliminación de patrones socio culturales discriminatorios y violentos y la visibilidad de las discriminaciones múltiples, disipando estereotipos y actitudes sexistas» (INAMU 2018, 69-70).

En esta misma línea, a nivel institucional, la Universidad Nacional incluyó en el Plan a Mediano Plazo de la Rectoría 2017-2021, la implementación de la Política para la Igualdad y Equidad de Género en la Universidad Nacional (PIEG-UNA), la cual responde al objetivo operativo: Propiciar una cultura universitaria libre de discriminación y marginación de género, con el fin de contribuir con la justicia social mediante la ejecución de metas académicas (IEM 2021).

Es así como, en congruencia con la Política 9 de la PIEG-UNA que tiene por objetivo: «Consolidar y proyectar la responsabilidad social de la UNA en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria» (UNA 2016, 21), y, en forma específica, con la meta estratégica que busca: «Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional para favorecer el intercambio de información y participación con otras instituciones y entidades nacionales vinculadas con la equidad, igualdad y la inclusión social» (UNA 2016, 21), da inicio en el 2019 el Proyecto: Construyendo herramientas de aprendizaje y formación en género y derechos humanos con población joven, realizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la UNA.

A partir de dicho proyecto se logra establecer una alianza con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en donde, a través de los Consejos Participativos de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) de Alajuelita y Sarapiquí, se lleva a cabo su ejecución, lo que permite cumplir con el objetivo principal, que consistió en: «Desarrollar procesos participativos de formación en género y derechos humanos con jóvenes de zonas urbanas y rurales, que promuevan relaciones sociales hacia la igualdad y la equidad» (IEM 2018, 6).

Con este proyecto se busca aportar al mejoramiento de la calidad de vida de un segmento importante de la población costarricense, como lo es la población joven, ya que su alcance va más allá de la aplicación metodológica y trasciende el tiempo de ejecución del proyecto, esto gracias a los productos obtenidos que se detallan más adelante. Es importante recordar que la población joven, según la Tercera Encuesta Nacional de Juventudes, llevada a cabo en el 2018, representa el 36% de quienes habitan Costa Rica, lo que comprende, aproximadamente, a 1 795 772 personas que se encuentran entre los 12 y 35 años, y que corresponden con el concepto de persona joven establecido en la ley No. 8261 Ley de la Persona Joven (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 2018).

Como parte de los datos importantes que expone esta encuesta, se señala que el 14,7% de la población agrupada en el rango de 15 y 17 años no se encontraba estudiando por diversas razones. Entre las principales, mencionan el estar trabajando o buscando trabajo (34%), cuido de hijos (as) o embarazo (20%), dificultad para pagar el estudio (15%), o porque no les interesa (8%); además se muestran diferencias significativas por sexo en razones como cuido, embarazo, dificultades para el estudio lo cual se concentra más en mujeres, contrario a los hombres quienes enfatizan el trabajo, falta de interés o dificultad para pagar el estudio (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 2018).

En este mismo grupo poblacional el 67% reporta haber enfrentado al menos un evento de acoso o intimidación en centros educativos, un 9% realiza trabajo remunerado y el 27% tienen actualmente pareja; del cual un 43% menciona que su pareja tiene una edad superior. Otro dato que requiere de atención es la frecuencia de conductas de riesgo en este grupo, quienes reportan que al menos un 8,6% ha tenido deseos de quitarse la vida y al menos un 4,8% lo ha intentado (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 2018).

Por otra parte, el 28% menciona que ha tenido relaciones sexuales con penetración e iniciaron su vida sexual a los 14,9 años; de estas personas el 47% tuvo relaciones sexuales con una persona mayor de 18 años, confirmando con estos datos la presencia de relaciones impropias. Asimismo, si bien han recibido información sobre la sexualidad, esta se ha concentrado en prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) VIH o SIDA (73,8%) o métodos anticonceptivos (71%). También reportan la existencia de manifestaciones de violencia intrafamiliar, particularmente conductas como revisar el celular, prohibir amistades, gritos e insultos (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 2018).

Estos datos son trascendentales para entender la necesidad de crear espacios formativos dirigidos hacia la población adolescente, en donde se promuevan relaciones de equidad e igualdad y se refuerce el ejercicio de la ciudadanía al involucrarles en la toma de decisiones activas y responsables.

Por lo anterior, el presente artículo busca dar a conocer los alcances del proyecto, el cual se centró en la utilización de metodologías participativas en conjunto con la población beneficiaria y el equipo facilitador, para el abordaje de temáticas como derechos humanos, enfoque de género, discriminación, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia, derechos sexuales y reproductivos entre otros; con miras a impulsar procesos de cambio que favorezcan la promoción de relaciones sociales más justas, igualitarias y equitativas.

La Ley No. 8261, Ley General de la Persona Joven, define como personas jóvenes a quienes se encuentran dentro del rango de edad de los 12 a los 35 años, esto incluye a adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes (Artículo 2). Asimismo, visualiza a esta población como protagonistas sociales, culturales, políticos y económicos de importancia para el desarrollo del país y como un grupo con necesidades particulares que deben ser visualizadas (Artículo 3); reconoce, además, que deben contar con el derecho a la educación, participación política, desarrollo humano integral, a la salud y la recreación, entre otros (Artículo 4).

Ante esto, tener un acercamiento desde el enfoque de género cuando se trabaja con personas adolescentes se vuelve fundamental para tener resultados efectivos y respetuosos, entendiendo que dicha perspectiva no solo es una herramienta teórica, sino también práctica que permite identificar cómo se construyen y sostienen las desigualdades entre los seres humanos. Este enfoque parte de la categoría de género, la cual explica que a partir de procesos de socialización se van estableciendo diferencias a nivel psicológico, cultural y social para las personas de acuerdo con su sexo. Es decir, a partir de las condiciones anatómicas y biológicas que presenta cada persona, se establecen normas que exigen su cumplimiento para poder considerarse hombre o mujer, y, por tanto, un ser social masculino o femenino (Cabral Veloz y García Ramírez 2006; Varela Menéndez, 2008).

Ante esto, Reguant i Fosas explica que esta diferenciación es lo que sostiene al sistema patriarcal, el cual, «es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la cual se da el predominio de los hombres sobre las mujeres» (1996, 20). En sociedades donde el sistema patriarcal impera, si bien las mujeres como grupo tienden a ser las más perjudicadas al establecerse relaciones de sumisión y desventaja tanto a nivel familiar como educativo, económico, laboral y religioso, entre otros; este sistema también afecta a los hombres, quienes deben permanecer en constante diferenciación de aquello catalogado como femenino, por lo que deben mostrarse siempre fuertes, independientes, seguros, protectores, maduros, valientes y omnipotentes entre otros; muchas veces a costa de su estabilidad física, económica y emocional (Cabral Veloz y García Ramírez 2006).

De acuerdo con lo anterior, retoma particular importancia el enfoque de interseccionalidad, el cual explica que existen múltiples desigualdades que van más allá de la categoría género, al acrecentarse esta desigualdad a través del entrecruce de categorías como pueden ser el género junto con la clase, la raza, la edad, el sexo, entre otros (Zapata Galindo, Cuenca y Puga 2014), esto da paso a múltiples formas de discriminación, en donde aquellas personas que no se incluyan dentro de las categorías evaluadas como superiores dentro del sistema patriarcal tienden a enfrentar rechazo social.

Dentro de estas formas de discriminación es común que las personas adolescentes tengan que enfrentarse a conductas adultocéntricas, sexistas, clasistas, homofóbicas y racistas, entre otras, lo cual afecta directamente la construcción de su identidad. Jiménez Mata (2019), explica que la identidad es un proceso social y relacional que se sostiene a lo largo de la vida, la cual se construye a partir de procesos de jerarquización, reforzada por las distintas instituciones sociales en donde se desenvuelva la persona, ya sea la familia, el Estado, la iglesia, los medios de comunicación, el centro educativo, entre otros.

Es así como el Enfoque de Derechos Humanos también se vuelve trascendental en el trabajo con población adolescente, el cual exige su reconocimiento para todas las personas por el hecho de ser persona, indistintamente de su edad, sexo, género, nacionalidad, religión, orientación del deseo sexual, o cualquier otra condición (INAMU 2007). La vulneración de tales derechos inicia por medio de las formas de socialización presentes en la cotidianidad, las cuales establecen expectativas con respecto a lo emocional, lo afectivo, las cogniciones y los comportamientos que justifican la desigualdad de género a través del fortalecimiento de una única manera de ser hombre o de ser mujer.

Este acceso a los derechos se ve limitado a través de la violencia estructural que enfrentan las personas de acuerdo con distintas condiciones, al encontrarse dicha forma de violencia inmiscuida en todo el tejido social por medio de conductas permisivas hacia quienes la ejercen o cuando se promueven sus diferentes manifestaciones, unido a la alta impunidad cuando son denunciadas. Arroyo Vargas y Jiménez Sandoval afirman que dicha violencia se encuentra presente en «la medicina, la política, la filosofía, la antropología, el derecho, los derechos humanos, etc., y en toda la cotidianidad de las relaciones humanas y de estas con su entorno social, natural, en todas estas se evidencia un sesgo sexista» (2018, 45) la cual impacta especialmente, la vida de las mujeres.

La violencia estructural alimenta otras formas de violencia, entre estas la violencia contra las mujeres, la cual, de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Belem do Pará-, incluye «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (Artículo 1). Dentro de esta, sobresale la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la explotación sexual comercial, el acoso sexual callejero, el hostigamiento sexual, las relaciones impropias y el ciberacoso; en donde, aun cuando se incluye a los hombres como potenciales víctimas, se ha demostrado una pronunciada direccionalidad hacia las mujeres y las niñas (CEFEMINA 2010; ONU MUJERES 2021a).

En esta misma línea, preocupa la presencia, cada vez más recurrente, de violencia digital, la cual se reinventa día con día y en donde son nuevamente las mujeres y las niñas las principales víctimas. Acá se mencionan el sexteo o sexting, el grooming, el doxing, el zoombombing, entre otros (ONU MUJERES 2021b; PANIAMOR 2021).

Otro de los riesgos a los que están expuestas las personas adolescentes, mayoritariamente mujeres, es la presencia de relaciones impropias, las cuales ocurren cuando se establece una relación de una persona mayor de 13 años y menor de 15 con una persona adulta que le sobrepasa en, al menos, 5 años, o entre una persona mayor de 15 y menor de 18 años, con una persona adulta al menos 7 años mayor, lo cual se torna aún más grave cuando existe un vínculo de consanguineidad con la persona adulta, o bien existe una relación de confianza o autoridad (UNFPA 2017).

Todo lo anterior viene a responder a lo que Liz Kelly en 1988 nombró el continuum de violencia, denominación que explica cómo las distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres no son hechos aislados sin relación alguna, sino que, por el contrario, se refuerzan unas a las otras, expresándose de múltiples formas a lo largo de su ciclo de vida (INAMU 2019), y que concluyen en muchas ocasiones, en femicidio, el cual se entiende como la muerte derivada de la subordinación de las mujeres y las niñas, muertes evitables causadas por la acción homicida de hombres y, en la mayoría de los casos, acompañadas de altos niveles de impunidad (CEFEMINA 2010).

Asimismo, se han identificado otras estrategias de violencia como el bullying, cuyas formas para llevarlo a cabo varían de acuerdo con si las víctimas y quienes lo provocan son hombres o mujeres; esto exige mayor atención en su abordaje aun cuando no se ha podido comprobar una direccionalidad específica en cuanto a sexo (Mena Gómez 2014).

Frente a todo lo expuesto anteriormente, es trascendental incluir en el trabajo con la población adolescente el entrenamiento de habilidades para la vida desde una perspectiva de género y de derechos humanos, las cuales buscan transformar los diferentes espacios sociales e incluye la educación formal y no formal, la formación ética, la promoción de la salud, y como parte de esta la educación sexual, entre otros. Lo anterior a través de la aplicación de herramientas que buscan que cada persona se responsabilice de sus acciones cuidando de sí, al mismo tiempo que se promueven las relaciones sociales asertivas. Dentro de estas herramientas se incluyen el autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones, relaciones interpersonales, solución de problemas y el manejo del estrés y la tensión (Martínez Ruiz 2014; Torrez Escobar 2017).

Este concepto de habilidades para la vida se relaciona de forma directa con la vivencia plena de la sexualidad, ya que como lo explica el Ministerio de Educación Pública esta se expresa «a través de la adquisición y uso de información científicamente rigurosa, la revisión crítica de las representaciones sociales acerca de la afectividad y la sexualidad, la reflexión sobre las propias actitudes y valores en torno a la afectividad y la sexualidad, el desarrollo de habilidades para la comunicación, la toma de decisiones, la reducción de riesgos, el autocuidado y el mutuo cuidado, el respeto por la diversidad y los derechos de las demás personas entre otras habilidades» (2017,16).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza en que en la vivencia de la sexualidad interaccionan en forma constante «factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales» (OMS 2018, 3), lo cual tiene injerencia en cómo lo vive cada persona a nivel individual, siendo por tanto un área de gran trascendencia para los seres humanos, y que incluye «el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones» (OMS 2018, 3), lo cual vuelve fundamental, el hablar de diversidad sexual, en donde se incluyen las orientaciones del deseo sexual como la heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, y las identidades de género; entre estas se encuentran las personas transgéneros (Hernández Cabrera 2004; Parra Abaunza y Oliva, 2014).

De esta forma, es de gran valor poder enfatizar en la importancia de contar con derechos sexuales reproductivos para la vivencia plena de la sexualidad, considerando «el derecho de la persona a tener control y a decidir libremente sobre los asuntos relacionados con su sexualidad, sin sufrir coacción, discriminación ni violencia. Incluyen el derecho a la información, para poder tomar decisiones responsables sobre la sexualidad; el derecho a la dignidad, la privacidad y a la integridad física, mental y moral al realizar una elección sexual; y el derecho al más alto nivel de salud sexual» (Tambiah 2003, 45).

Para esto, es necesario comprender el valor de la corresponsabilidad en la vivencia de la sexualidad, así como en el establecimiento de relaciones sociales a partir de la necesidad de aplicar el autocuidado y el cuidado mutuo en estas vivencias, eso incluye las acciones llevadas a cabo para la protección personal, así como la responsabilidad de proteger a la pareja de riesgos físicos, sexuales, psicológicos y espirituales (CCSS 2005).

De esta forma, las relaciones interpersonales desempeñan un papel de gran trascendencia en la vida de todas las personas, pero en particular en la niñez y la adolescencia, en donde contar con personas de confianza y sentir apoyo en momentos de crisis y confusión, así como de experiencias satisfactorias y seguras, facilita el establecimiento de relaciones sanas, previene situaciones de violencia y discriminación y favorece la toma de decisiones responsables ante la presencia de riesgos.

En el proyecto se emplearon metodologías participativas para el trabajo con la población meta, la cual estuvo conformada por personas que integraban los Consejos Participativos de Niñas, Niños y Adolescentes del Patronato Nacional de la Infancia, específicamente de los cantones de Alajuelita y Sarapiquí, durante el período de julio 2019 a diciembre de 2021. Para la selección de los Consejos participativos, se coordinó con la Gerencia Técnica del PANI, y los criterios claves fueron la ubicación geográfica en una zona urbana y una zona rural, así como el que fueran grupos activos y organizados.

Un factor que incidió en la población participante a lo largo del proyecto fue la coyuntura de la pandemia por la COVID-19, en la medida en que se inició con actividades presenciales en el segundo semestre de 2019, mientras que para los años 2020 y 2021 debieron adecuarse a la virtualidad. Lo anterior impactó la dinámica de trabajo de los Consejos del PANI y, por ende, su participación en el proyecto, pero de igual forma se logró continuar su desarrollo. En el caso de Alajuelita, el grupo descendió de 19 a 11 personas, con una distribución muy similar de mujeres y hombres, cuyas edades oscilaban entre los 10 a los 17 años. Por otra parte, el grupo de Sarapiquí descendió de 29 a 11 personas, con una mayor participación de mujeres en relación con los hombres al final del proceso, y con edades que oscilaban entre los 10 y los 17 años (Jiménez Mata y Mena Gómez 2021).

La ejecución del proyecto se hizo por fases, en las cuales se contó con la participación activa de las personas adolescentes, así como especialistas en las temáticas abordadas, y abarcó: la fase de identificación de necesidades e intereses de formación, la fase de validación de contenidos y metodologías a emplear, ejecución de los procesos de formación, elaboración de un módulo pedagógico, y, por último, la devolución de los resultados de la experiencia a los grupos participantes.

Para el desarrollo de las actividades se llevaron a cabo nueve talleres de una duración aproximada de dos horas con cada uno de los grupos participantes, dichos talleres o actividades se realizaron durante la vigencia del proyecto. Para la identificación de necesidades e intereses de formación, y su posterior validación, se emplearon técnicas participativas, para lo cual se combinó el trabajo en grupos pequeños con el apoyo de guías sobre los aspectos a construir y analizar, así como espacios de plenaria donde se compartieron los aportes generales. Dicha información fue sistematizada y fue el insumo principal para el diseño de la propuesta de formación, la cual se organizó por unidades temáticas, contenidos y actividades pedagógicas y contó con la revisión de personas especialistas quienes aportaron recomendaciones de mejora.

Como se mencionó, dada la coyuntura mundial generada por la pandemia por la COVID-19, la ejecución de los talleres de formación se llevó a cabo en la modalidad virtual, lo que implicó que en dichos espacios participaran grupos de diez personas en promedio, esto requirió adecuar las actividades y potenciar el uso de recursos didácticos en línea como lo fueron las plataformas para videoconferencias, y otras que permitieron el trabajo colaborativo y recursos audiovisuales. Entre las técnicas desarrolladas estuvieron: preguntas generadoras, análisis de videos, lluvia de ideas, exposiciones magistrales, repaso de conceptos y estudios de casos.

Los procesos de formación se evaluaron por las personas participantes, en lo referido a la mediación pedagógica, los contenidos abordados y las metodologías de trabajo. Posteriormente, se construyó un módulo pedagógico organizado en tres unidades temáticas, las cuales incluyen actividades y recursos sugeridos para su implementación, así como textos de apoyo conceptual. Dicho producto tiene la finalidad de servir de insumo para quienes faciliten, a futuro, talleres en temáticas de género y derechos humanos dirigidos a personas adolescentes. Finalmente, se ejecutaron las actividades de devolución con cada Consejo Participativo, las cuales fueron espacios de intercambio de la experiencia desde la perspectiva de las personas que formaron parte del proceso.

A partir de los talleres realizados a finales del año 2019, los cuales tuvieron el objetivo de identificar las necesidades e intereses de formación de las personas adolescentes, se obtuvo que, a pesar de las particularidades geográficas y sociales en las comunidades, había problemáticas en común que preocupaban a los grupos participantes (Figura 1 y Figura 2).

Figura 1. Figura 1. Fotografía Taller de identificación de necesidades e intereses CPNNA-Sarapiquí. Sileny Mena Gómez (investigadora), Sarapiquí, noviembre 2019

Figura 2. Figura 2. Fotografía Taller de identificación de necesidades e intereses CPNNA-Alajuelita. Fotografía tomada por Sileny Mena Gómez (investigadora), Alajuelita, diciembre 2019.

Una vez identificadas las problemáticas, se definieron tres ejes temáticos que aglutinaban los contenidos planteados por las personas adolescentes (véase Tabla 1). Con estos insumos, las investigadoras realizaron una propuesta inicial de actividades pedagógicas para el abordaje de dichos contenidos, en la cual se empleaban metodologías participativas que promovieran la reflexión sobre las realidades específicas de las poblaciones; además, que les aportaran elementos conceptuales desde los estudios de género y con un enfoque interseccional, y, por último, que orientaran la aplicación de los conocimientos construidos a sus entornos inmediatos.

Tabla 1. Tabla 1. Síntesis de ejes temáticos y contenidos de los talleres de identificación de necesidades e intereses de formación, Consejos Participativos de Alajuelita y Sarapiquí, 2019

Eje temático	Contenidos
Igualdad de género y discriminación	● Bullying y ciber-bullying ● Exclusión por religión, apariencia, clase social, orientación sexual y discapacidad ● Inseguridad, delincuencia ● Derechos de mujeres y hombres ● Estereotipos de mujeres y hombres ● Estereotipos sobre el cuerpo ● Falta de participación de la comunidad
Violencia intrafamiliar (causas y consecuencias)	● Problemas familiares ● Drogas ● Depresión ● Maltrato infantil
Sexualidades	● Acoso sexual ● Embarazo adolescente ● Baja autoestima

Elaboración de Silvia Jiménez Mata y Sileny Mena Gómez

La propuesta de contenidos y técnicas fue socializada en un espacio de taller con cada grupo, lo que evidenció que los ejes temáticos respondían a los intereses de la población, a pesar de que en el caso de Alajuelita señalaron que ya contaban con información previa sobre las infecciones de transmisión sexual, el uso de métodos anticonceptivos y los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. La formulación inicial fue revisada, además, por personas especialistas en diferentes áreas, a saber: el trabajo con niñez y adolescencia, en los estudios de género, sexualidades y pedagogía; así se aportan recomendaciones en la línea del abordaje metodológico y teórico de las temáticas propuestas, las cuales fueron incorporadas.

En el segundo semestre del 2020 se llevaron a cabo los procesos de formación con cada uno de los grupos, lo cual implicó adaptar las actividades y recursos a la modalidad virtual y mantener la orientación metodológica participativa. Se realizaron seis sesiones de dos horas cada una, lo que garantizó que se abarcarán los principales contenidos temáticos, los cuales, a la vez, se organizaron en tres unidades.

A partir del desarrollo de la Unidad I, referida a las desigualdades de género y su abordaje desde los enfoques de género y de derechos humanos para la promoción de estrategias de avance hacia relaciones de igualdad; sobresale, entre los principales resultados, la identificación por parte de las personas adolescentes de situaciones de desigualdad que viven en sus comunidades, entre las que mencionan múltiples formas de discriminación por motivo de: condición económica, orientación sexual, identidad de género, xenofobia, lugar de residencia, condición de discapacidad y edad; sobre esta última destacaron que no se toman en cuenta sus opiniones. Entre las consecuencias que estas formas de exclusión generan, señalaron la pérdida de la confianza, baja autoestima, depresión, suicidio, autolesiones y problemas mentales o físicos.

Se abordó también la construcción de identidades de acuerdo con lo esperado para hombres y para mujeres, así como las implicaciones de estas demandas hacia las personas, en particular para aquellas que no cumplen con el rol esperado; en lo anterior se tomó como base la forma de vestir, los intereses académicos, deportivos, deseos sexuales, apariencia física y la expresión de sentimientos, entre otros. Se reflexionó acerca del papel que tienen las instituciones sociales como los centros educativos, la familia, grupos comunitarios, amistades, iglesias, en el reforzamiento o cuestionamiento de estereotipos y normas sociales excluyentes.

Se discutió sobre la garantía real de los derechos humanos en nuestras sociedades y cómo estos se ven afectados cuando una persona tiene diversas condiciones de vulnerabilidad a nivel social, como lo son la edad, condición de pobreza, sexo, nivel educativo, orientación del deseo sexual, apariencia física, procedencia, entre otros; además, se introduce una reflexión desde el enfoque teórico de la interseccionalidad. Las personas asistentes destacaron que el acceso a varios servicios asociados a derechos básicos como la salud y la educación, muchas veces, depende de la sensibilidad y conocimiento de quien brinda el servicio, lo cual evidencia que no es suficiente con tener leyes y reglamentos si estos no se cumplen en la práctica (Jiménez Mata y Mena Gómez 2021).

En cuanto a la Unidad II, se abordaron estrategias para el reconocimiento y prevención de la violencia intrafamiliar, analizando tipos, manifestaciones, presencia de mitos y el ciclo de la violencia. Asimismo, se trabajó en la construcción colectiva de estrategias para el fomento de relaciones respetuosas que favorezcan el bienestar común.

Dentro de los alcances, las personas participantes lograron identificar situaciones de violencia dentro de la vida cotidiana, aportaron a la discusión ejemplos y vivencias cercanas o propias, y destacaron el hecho de que muchas de estas acciones violentas son reforzadas por la sociedad y la cultura, lo que genera que lleguen a construirse como algo «normal» o aceptable. Ejemplos de lo anterior son las manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja, la que se ejerce contra las infancias, personas adolescentes y adultas mayores, las cuales abarcan violencia física, psicológica, patrimonial y sexual (Jiménez Mata y Mena Gómez 2021).

En esta misma unidad se abordó la construcción de estrategias para mantener relaciones respetuosas; se consideraron diferentes tipos de comunicación como lo son: comunicación asertiva, pasiva y agresiva, además de la importancia de la escucha activa. También se discutió acerca de otras formas de violencia a las que pueden estar expuestas las personas adolescentes, como lo son la trata de personas, la explotación sexual, el acoso callejero, el bullying, ciberacoso y grooming; así como algunas recomendaciones para la prevención de estas situaciones. En general, quienes participaron manejaban alguna información sobre estos conceptos, a excepción del «grooming», y por medio de las actividades se pudo ampliar en lo referido a las particularidades de la explotación sexual comercial, la trata de personas, el bullying y el ciberacoso.

La Unidad III se enfocó en el abordaje de la sexualidad y la importancia del derecho a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres adolescentes, así como la identificación de riesgos y la necesidad del cuidado mutuo dentro de las relaciones sociales y en la vida cotidiana. Para esto se revisaron conceptos claves, como lo son: solidaridad, sororidad, fraternidad, discriminación por orientación del deseo sexual, prácticas sexuales, e identidades sexuales.

Un tema que generó un marcado interés entre la población participante fue el de las relaciones impropias, el cual se abordó por medio de un videoforo, se dio énfasis en los riesgos y consecuencias para las personas adolescentes y cómo esta problemática puede darse tanto en relaciones heterosexuales como en aquellas que abarcan otras orientaciones e identidades sexuales.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos se trabajó a partir de la reflexión de un video y de preguntas generadoras, en donde destacaron que dentro de los principales cambios físicos que logran identificar durante la adolescencia se encuentran: aumento de los genitales, desarrollo y crecimiento de algunas partes del cuerpo, cambios hormonales, aparición de la menstruación, entre otros. Dentro de los cambios psicológicos identificaron: prepotencia, depresión, inseguridad personal y social, presión social, madurez y diferentes pensamientos. Agregan que hay cambios físicos y psicológicos que les gustan, entre los que señalaron la madurez, el aumento de estatura, el adelgazamiento, que se les incluya en la toma de decisiones, más libertad, que durante el proceso han perdido el miedo al qué dirán, el cambio de estilo, el contar con más experiencia, sentir atracción sexual y el acceder a más permisos para poder tener nuevas experiencias. No obstante, estos cambios también les han generado temores o miedos en aspectos como el acné, distensión de grupos sociales y de opiniones, tener menos libertad, que no les gusten los cambios en su cuerpo, enfrentamientos sociales, no lograr aceptación, bullying por los cambios físicos, discriminación y el dejar de ser niño o niña y perder los beneficios que esto traía.

En cuanto a quiénes les han brindado información sobre los cambios físicos y psicológicos durante la adolescencia, señalan a padres y madres, distintas organizaciones, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), colegios, internet y redes sociales, docentes, familiares y amistades. En específico, señalan haber recibido información acerca del poder de decisión en las relaciones sexuales, sobre métodos anticonceptivos y otros tipos de protección y consentimiento; sin embargo, expresan que esta información ha sido poca. Resaltan lo trascendental que puede ser el contar con información adecuada y desde un enfoque integral en esta etapa de la vida, como una herramienta para ser personas críticas en la toma de decisiones, el ejercicio del consentimiento y la aplicación de los derechos. Se hace énfasis en la importancia de informarse con fuentes confiables, de ser posible con personas trabajadoras de la salud, quienes pueden explicar en detalle lo referente a cuidados, riesgos y aspectos generales de la salud sexual y reproductiva.

En esta línea, un sector de personas participantes se refirió a la relevancia de promover la educación en estos temas por parte de las personas adultas, para que comprendan la necesidad de contar con educación sexual y la importancia del reconocimiento de los derechos sexuales; asimismo, que la población esté más informada de sus derechos en el área de la sexualidad y que cuando se enfrente una dificultad sea escuchada y no ignorada (Jiménez Mata y Mena Gómez 2021).

El desarrollo de procesos de formación con personas adolescentes, desde una metodología que les reconoce como sujetos y, por ende, parte de sus necesidades e intereses ubicados en contextos sociales particulares, es un abordaje que posibilita la construcción conjunta de procesos de transformación. En la experiencia presentada, los grupos meta tuvieron una participación clave en las diferentes fases de diseño y ejecución de la propuesta de formación, lo que permitió que los temas desarrollados fueran evaluados como útiles por la totalidad de las personas y que las actividades pedagógicas resultaran interesantes y divertidas.

En cuanto a los resultados, se identifica como un avance el que la población beneficiaria lograra la identificación de múltiples desigualdades que pueden enfrentar como personas adolescentes, así como otras formas de discriminación, tipos de violencia, manifestaciones, consecuencias, y formas de prevención. También se desarrolló discusión acerca de otras formas de violencia, como la trata de personas, la explotación sexual, el grooming, bullying, ciberacoso y acoso callejero.

Se reflexionó acerca de la construcción de identidades y cómo repercuten las demandas sociales, familiares y personales en dichos procesos. Se analizó la importancia de la aplicación de los derechos humanos, principalmente en aquellas personas en las cuales se entrecruzan distintas condiciones de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, el sexo, el lugar de procedencia, entre otros.

Se abordó la temática de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, en donde enfatizaron la importancia de contar con información clara y precisa para la toma de decisiones responsables. Asimismo, lograron señalar riesgos que les afectan como personas adolescentes y construyeron propuestas de prevención y abordaje que recalcan la necesidad de más espacios de capacitación y discusión sobre estas temáticas.

La coyuntura generada por la pandemia de la COVID-19 lleva a reflexionar acerca de las potencialidades y limitaciones que conlleva la virtualización de procesos formativos, como el desarrollado en esta experiencia. Entre los alcances logrados estuvo la posibilidad de adaptar las actividades y recursos a la virtualidad, lo cual posibilitó el compartir diversos materiales audiovisuales y la utilización de herramientas tecnológicas que apoyan los procesos de aprendizaje y que facilitan el registro electrónico de la información, por medio de las grabaciones en la nube, formularios en línea, y opciones de generar reportes sobre los resultados de las actividades realizadas por medio de plataformas como Padlet y Mentimeter.

Entre las limitaciones de implementar procesos de este tipo en forma virtual, estuvo el acceso desigual a la conectividad que, en algunos casos, dificultó el que las personas participaran de los espacios formativos. Además, en algunos casos, generó intermitencia en la participación por motivo de la calidad de conectividad, aunado a limitaciones relacionadas con las condiciones particulares y dinámicas familiares de cada persona a lo interno de sus hogares, o bien, del lugar donde se conectaban a las sesiones.

Se recomienda continuar promoviendo espacios de educación no formal con población adolescente, a partir de la necesidad evidenciada por medio de la presente experiencia y también en respuesta a la promoción del derecho a la educación, a la participación política, al desarrollo humano integral y a la salud, entre otros.

Asimismo, se recomienda mantener alianzas interinstitucionales para lograr un mayor alcance en cuanto a las temáticas abordadas, así como en la población beneficiaria, dado que, como se visualizó en esta experiencia, persisten desigualdades en el acceso a la información, en la medida en que algunos sectores cuentan con alternativas de formación por medio de la familia, iglesias, colegios, entre otros; mientras que algunas personas carecen de estos recursos.

Finalmente, se recomienda fomentar espacios de discusión sobre temáticas relacionadas a los derechos humanos y el enfoque de género, ya que es clara la necesidad y el interés por parte de la población adolescente, dado que les otorga un papel activo en la toma de decisiones respecto a su desarrollo humano, calidad de vida y en la construcción de relaciones sociales respetuosas y responsables.